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La reconstrucción social y económica tras la pandemia debe poner en primer lugar las necesidades de las personas

Tiene que ser una tarea compartida por toda la sociedad.

Con el fin del estado de alarma nos enfrentamos al reto de la reconstrucción social y económica del país. La atención a las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines ya partía de una situación de precariedad desde antes de la crisis sanitaria, ahora la pandemia nos deja un escenario de mayor riesgo para la atención y mayor vulnerabilidad del colectivo.

Desde el punto de vista del Movimiento ASPACE, la reconstrucción debe ser una tarea compartida por toda la sociedad, que ponga en primer lugar las necesidades de las personas, que comparta la esencia solidaria del Movimiento Asociativo y que avance en los preceptos marcados por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es necesario para ello poner en marcha medidas estratégicas para garantizar el funcionamiento de los centros de atención a las personas con parálisis cere­bral, de hacer una apuesta decidida por la atención específica, la inclusión, y todo lo que tienen que ofrecer las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan con ellas.

Todo ello debe realizarse de forma coordinada entre todas las Administraciones Públicas, para así avanzar hacia un modelo común de cercanía y de colaboración con las entidades sociales de proximidad.

Propuestas para la reconstrucción del Movimiento ASPACE

Creemos que la reconstrucción del sector social y, en concreto el de la atención a la discapacidad, debe ser la oportunidad para dignificar la labor de unas entidades creadoras de empleo estable, cuyo fin es la calidad de vida de las personas usuarias de sus servicios y las familias, y que han estado históricamente infrafinanciadas. Para ello vemos imprescindible:

·         Extender la fórmula del contrato público a todas las comunidades autónomas y a todos los servicios de atención a personas con parálisis cerebral con la inclusión de cláusulas sociales.

·         Condiciones flexibles dentro de los contratos que permitan implementar distintas modalidades de atención.

·         Los módulos económicos de los contratos nunca deben estar por debajo del coste/plaza del servicio y del coste que le supone prestar ese servicio a la administración pública.

·         Creación de un fondo social de emergencia que sufrague los gastos extraordinarios que las entidades están teniendo durante la pandemia.

Las entidades de ámbito estatal desempeñan un papel esencial en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, la vertebración del tejido asociativo y la innovación e investigación social para trasferir conocimiento que se aplique en la atención directa. Por ello creemos que es necesario:

·         Destinar el 0,7% del IRPF y del Impuesto de sociedades a fines sociales, sin necesidad de marcar ninguna casilla en las respectivas declaraciones.

·         Definir criterios claros, objetivos y transparentes en las convocatorias de ayudas, incluyendo indicadores de impacto y primando los programas innovadores, de investigación social y de creación de redes y defensa de derechos.

·         Dotación de un fondo con cargo a los presupuestos generales del Estado para programas gestionados por entidades estatales de discapacidad.

La pluridiscapacidad y las grandes necesidades de apoyo hacen necesaria una coordinación sociosanitaria que garantice la puesta en marcha de mecanismos y recursos que cubran las altas necesidades de las personas con parálisis cerebral a lo largo de toda su vida, y a través de diferentes servicios. Proponemos:

·         Considerar los servicios de atención a la parálisis cerebral como servicios sociosanitarios y poner fin a la precariedad de la financiación del Tercer Sector para abordar la coordinación sociosanitaria con los recursos materiales y humanos que sean necesarios.

·         Establecer una coordinación efectiva entre las administraciones públicas sanitarias, sociales y educativas, y las entidades de atención a la parálisis cerebral.

·         Desarrollar una normativa estatal de atención temprana.

·         Recabar datos sobre la prevalencia, distribución por edades, sexo y grado de afectación de la parálisis cerebral, así como realizar estudios de monitorización de base poblacional.

Todas las dificultades que han afrontado las entidades del Tercer Sector se han trasladado de forma más grave a las familias de personas con parálisis cerebral, que durante la pandemia se han visto desprovistas de soporte económico y social quedando en una posición especialmente vulnerable. Vemos importante  para ellas:

·         Compatibilizar las ayudas sociales previas a la crisis sanitaria con las prestaciones extraordinarias previstas para la gestión social y económica del COVID-19.

·         Eliminar el copago de los servicios recogidos en la cartera de la Ley de Dependencia, e implantar prestaciones sociales que contrarresten la reducción drástica de ingresos por causa de ERTE o desempleo.

·         Impulsar programas dirigidos a ofrecer respiro familiar y estancias temporales.

·         Extender las prestaciones sociales concebidas para la ayuda de tercera persona a las familias de personas adultas, y dotar de fondos extraordinarios a todas las comunidades autónomas para la asistencia domiciliaria.

Asimismo vemos imprescindible garantizar en todo momento la igualdad y no discriminación de las personas con parálisis cerebral, así como fomentar su empleo como mecanismo de inclusión y de desarrollo económico.

CONOCE NUESTRAS PROPUESTAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

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