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Las personas con discapacidad en España tenían una tasa de actividad del 36,2% en 2010, casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad. En concreto, de las 1.171.900 personas con certificado de discapacidad en 2010, con edades comprendidas entre los 16 y 64 años y residentes en hogares, 423.700 estaban laboralmente activas.

Así se refleja en la ampliación de la estadística de 'El Empleo de las personas con discapacidad (EPD)', publicada  por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos primeros resultados se publicaron en diciembre de 2011. Incorpora, por vez primera, datos sobre medidas de fomento del empleo ordinario, empleo protegido, percepción de prestaciones sociales públicas y situación de dependencia reconocida.

Junto al INE, promueven esta operación estadística, desde la sociedad civil, el CERMI y la Fundación ONCE.

Según este informe, el 27,7% de las personas con certificado de discapacidad estaban ocupadas, y de éstas, el 38,2% eran mujeres. Además de por la condición de género, la participación laboral estaba muy determinada por el tipo e intensidad de la discapacidad.
 
De este modo, las personas con deficiencias auditivas presentaban las mayores tasas de actividad (58,2%). En el extremo opuesto, la deficiencia ‘trastorno mental’ registraba las menores tasas de actividad (24,9%).
 
Por su parte, la tasa de actividad asociada a grado de discapacidad de menor intensidad (grado de discapacidad inferior al 45%) se situaba en torno al 55%. Según aumenta la intensidad de la discapacidad (hasta grado mayor o igual al 75%), la tasa de actividad disminuye hasta el 14,3%.
 
Medidas que incentivan la participación en el mercado laboral ordinario
 
Una forma de contrarrestar las tendencias negativas de la situación de actividad del colectivo son las políticas destinadas a fomentar la inclusión en el empleo ordinario. Entre ellas cabe destacar las reducciones y bonificaciones en las cuotas de cotización, tanto para trabajadores asalariados como por cuenta propia.
 
Durante 2010, el 25,3% de las personas con discapacidad ocupadas que cotizaron a la Seguridad Social tuvo algún tipo de deducción en las cotizaciones. La contratación por cuenta ajena estuvo más favorecida, pues estas deducciones incidieron más sobre los trabajadores asalariados (25,8% de ellos las tuvieron) que sobre los trabajadores por cuenta propia y otros (21,4%).
 
En el caso de los trabajadores asalariados, otra medida que fomenta el empleo ordinario es la modalidad de contratación específica para trabajadores con discapacidad, ya que, además del hecho de conllevar bonificaciones en las cuotas de cotización a la Seguridad Social, contempla determinadas subvenciones.
 
En el año 2010, el 25,6% de los asalariados con discapacidad fueron contratados bajo la modalidad de contrato específico de discapacidad.
 
Las bonificaciones o incentivos en las cuotas de cotización beneficiaron sobre todo a la población menor de 25 años. Los contratos específicos por discapacidad favorecieron también a la población menor de 45 años (a tres de cada 10 asalariados con discapacidad en esta franja de edad).
 
La discapacidad asociada a deficiencia intelectual y la de grado de mayor intensidad fueron las más beneficiadas, tanto en términos de deducciones por discapacidad como en términos de contratos específicos de discapacidad.

Empleo protegido
 
Durante 2010, el 15,1% de los asalariados con discapacidad trabajaron en un CEE. Este porcentaje variaba en términos de género, edad, tipología e intensidad de la discapacidad, destacando su mayor incidencia en los grupos que precisaban mayor apoyo para su incorporación al mundo laboral.
 
Así, el porcentaje de mujeres con discapacidad asalariadas que trabajaron en un CEE alcanzó el 14,2%, frente al 15,6% de los hombres. Esta diferencia se hizo más notable en el colectivo de personas con discapacidad de menos de 45 años, donde dos de cada 10 trabajó en un CEE, cifra que se reducía a uno de cada 10 para los mayores de 45 años.
 
En términos de discapacidad, el 50,9% de las personas con deficiencia intelectual y el 27,9% de las personas con grado de discapacidad entre el 65% y el 74% que trabajaron, lo hicieron en un CEE.
 Percepción de Prestaciones Sociales Públicas
 
El informe, cuyos datos han sido divulgados por el INE hoy, revela que nueve de cada cien personas en edad laboral percibió una prestación en el año 2010. En el caso de las personas con  discapacidad, el sistema público de prestaciones benefició a casi 60 de cada 100 (663.800 personas). Además, se identifica que el 28,7% de estas personas (121.500) permanecían laboralmente activas.
 
Entre las personas con discapacidad perceptores de prestaciones, el 82% (544.400) recibió la prestación debido a una incapacidad. Por su parte, el 3,2% (21.200) de las personas con discapacidad que percibieron alguna prestación lo hizo exclusivamente en términos no contributivos, es decir, sin haber cotizado previamente por ellas.
 
En función de la tipología, más de la mitad de las personas con discapacidad asociada a deficiencia mental (64,8%) o deficiencia física y otras (58,8%) percibieron alguna prestación. Atendiendo a la intensidad de la discapacidad, siete de cada 10 personas con grado de discapacidad superior al 65% recibió alguna pensión a lo largo de 2010.

Fuente: Solidaridad Digital