Con motivo del Día de los Derechos Humanos, ASPACE subraya que las personas con parálisis cerebral continúan enfrentando barreras que vulneran su dignidad, autonomía y participación en la sociedad.
Denuncia que la reciente subida de la PNC ha generado efectos adversos para numerosas familias, que han perdido deducciones y apoyos fiscales pese a no haber mejorado realmente sus condiciones de vida.
Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora este 10 de diciembre, Confederación ASPACE ha lanzado una advertencia sobre las vulneraciones sistemáticas de derechos que enfrentan las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo en España.
En los próximos días, la entidad publicará su Informe de Derechos Humanos 2025, un documento que recoge más de un centenar de casos de discriminación, barreras institucionales y violencias que impiden el ejercicio pleno de derechos fundamentales.
El informe, elaborado a partir del trabajo de las entidades ASPACE en todo el territorio, documenta fallos estructurales en ámbitos como el empleo público, la protección social, la atención sanitaria, la vida independiente o la asistencia personal. En todos ellos se constata un modelo asistencialista, fragmentado y alejado del enfoque de derechos humanos que exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Obstáculos para acceder al empleo público
En relación con el empleo público el documento denuncia que las personas con parálisis cerebral deben presentar informes médicos de aptitud en procesos selectivos que no valoran sus capacidades reales ni contemplan apoyos razonables. Además, tras superar las pruebas, persisten actitudes discriminatorias, como el rechazo de centros educativos a trabajar con personas con discapacidad o a aceptar asistentes personales, pese a ser un derecho reconocido por ley.
Retrocesos en protección social
Por otro lado, el documento denuncia los efectos colaterales de la reciente subida de la Pensión No Contributiva (PNC). Aunque esta medida busca mejorar las condiciones de vida, ha provocado que muchas familias pierdan beneficios fiscales como la deducción por descendiente con discapacidad. El hecho de que la pensión supere los 8.000 euros anuales establecidos por la Ley del IRPF ha paralizado abonos anticipados y ha generado reclamaciones para devolver cantidades ya percibidas. Por eso, la presidenta de Confederación ASPACE, Manuela Muro, recalca que “la protección social no puede convertirse en una trampa burocrática que castigue a las familias con mayores necesidades de apoyo”.
Violencias no reconocidas hacia mujeres con parálisis cerebral
El informe también dedica un apartado central al tema de la discriminación y violencia contra mujeres con parálisis cerebral. Las mujeres con parálisis cerebral denuncian que su experiencia no encaja en el modelo de violencia de pareja que domina las políticas públicas. Muchas agresiones —incluidas las sexuales— ocurren en entornos de cuidado, como la familia o las instituciones, y quedan fuera de los recursos, estadísticas y protocolos de atención.
Desde la infancia, estas mujeres relatan cómo otras personas toman decisiones sobre su cuerpo sin preguntarles. Se normaliza que sean profesionales de la medicina, terapeutas, docentes o familiares quienes deciden sobre tratamientos, anticoncepción o incluso dónde y con quién vivir. “Este modelo tutelar perpetúa la violencia y niega su derecho a decidir”, según la presidenta de Confederación ASPACE.
Además, persisten barreras físicas, actitudinales y comunicativas en los servicios de salud sexual y reproductiva, así como en los dispositivos de atención a víctimas de violencia. En consecuencia, las mujeres con parálisis cerebral siguen sin poder acceder en igualdad de condiciones a diagnósticos, revisiones o protección frente al maltrato.
Una discriminación que también actúa por omisión
De este modo, el informe evidencia que las vulneraciones se producen también por omisión: falta de apoyos razonables, ineficacia administrativa, rigidez normativa o ausencia de coordinación entre sistemas. Estos factores comprometen gravemente la autonomía, la participación y la dignidad de las personas con parálisis cerebral.
En este contexto, Confederación ASPACE reclama reformas urgentes en materia legislativa y política que garanticen el cumplimiento efectivo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Hoy, en el Día de los Derechos Humanos, recordamos que no basta con enunciarlos: hay que garantizar que todas las personas, sin excepción, puedan ejercerlos”, concluye Muro.
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