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El congreso debate hoy si incluir “cláusulas sociales” en los contratos de las administraciones públicas

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes la toma en consideración de una proposición de ley de CiU para incluir “cláusulas sociales” en los contratos de las administraciones públicas.

Con ello se pretende que la Administración pública favorezca la contratación de aquellas empresas que apuesten por la igualdad y la integración social promoviendo la empleabilidad de trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social, y que sean respetuosos con el medio ambiente, tal y como ya se viene haciendo por la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.

Con esta Ley, el parlamentario de CiU quiere que en la contratación pública se tenga en cuenta si el adjudicatario contribuye a conseguir objetivos sociales y está comprometido con las personas más desfavorecidas.

Con este propósito, CiU quiere fijar por Ley que, previamente a la concesión de contratos públicos, se observe si el interesado no solo cumple con la obligación legal de reservar el 2% de su plantilla a trabajadores con discapacidad, sino que lo acredite, a fin de favorecer la integración de los trabajadores con discapacidad.

En la Proposición de Ley de CiU se plantea incorporar criterios de adjudicación de carácter social para beneficiar a la población más desfavorecida, así se valorará el número o porcentaje de trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social que ejecutarán el contrato, la subcontratación con Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la propuesta técnica de las prestaciones a contratar, el porcentaje de plantilla indefinida que ejecutará la prestación contractual, o la salvaguarda y cumplimiento de los Derechos Humanos, entre otras cuestiones.

En su iniciativa parlamentaria, CiU propone asimismo que se reserve el 7% del importe total anual destinado contratación pública a conciertos con Centros Especiales de Empleo, cuando el 70% de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, y a Empresas de Inserción cuando al menos el 30% de los trabajadores sean personas en situación o riesgo dd exclusión social.

Además, la Ley que CiU somete a votación en el Pleno establece como condición para la percibir subvenciones públicas cumplir con la reserva del 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad, tal y como establece la Ley, y acreditarlo en su caso.

 

La Plataforma del Tercer Sector y CERMI piden apoyo
La Plataforma del Tercer Sector y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han pedido a los grupos parlamentarios que apoyen la proposición de ley propuesta por CiU, a través de su diputado Carles Campuzano. Para la Plataforma del Tercer Sector, la aprobación de esta medida serviría al fomento de la cohesión social, además de suponer un "avance importante" en la eliminación de desigualdades a la hora de acceder a un empleo, especialmente para las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión social.

A juicio del CERMI, "ha llegado la hora de las cláusulas sociales en toda su extensión y alcance, pues se trata de medidas de política pública que sin incremento del gasto generan y extienden bienes sociales para grupos en riesgo de exclusión como son las personas con discapacidad, entre otros".

 

 

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