El PP rechazó el pasado martes 18 en el Congreso la proposición de ley del CiU para incorporar "cláusulas sociales" en la contratación pública para facilitar la inclusión laboral de personas con discapacidad, una iniciativa que obligaría a las empresas receptoras de subvenciones públicas a acreditar una reserva del 2% de su plantilla a trabajadores con discapacidad, y a establecer que el 7% del importe anual para contratación pública se destinase a centros especiales de empleo.
El popular Vañó ha concluido con que su grupo "participa en el espíritu" de la iniciativa pero ha considerado que presenta "graves problemas de adecuación a las exigencias y principios generales de libre concurrencia e igualdad".
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que la actitud del Grupo Parlamentario Popular es "incomprensible e injustificable".
"Con la oposición popular -manifiesta el CERMI- se frustra una iniciativa legislativa oportuna y necesaria, que promueve objetivos sociales como el empleo, la inclusión y la accesibilidad, y que fue apoyada por el resto del arco parlamentario y tenía el respaldo firme de las entidades más representativas de la sociedad civil organizada".
La propuesta tuvo el beneplácito de los restantes grupos parlamentarios, por esta razón el CERMI calificó de "deplorable" la negativa del grupo parlamentario, y añadió que sus argumentos eran "inconsistentes y peregrinos, propios de una tecnocracia anquilosada y lejanos de las visiones más progresivas de lo que debe ser una Administración pública realmente al servicio de la ciudadanía".
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