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El XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad obliga a que las Administraciones Públicas actúen para garantizar una atención de calidad a la discapacidad

La publicación en el B.O.E. del XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad establece una sustancial, y necesaria, mejora de las condiciones económicas y laborales de los trabajadores del sector. No obstante, los incrementos salariales previstos son difícilmente asumibles por las entidades si no van acompañados del correspondiente aumento de la financiación pública, y podrían poner en riesgo la sostenibilidad de los centros de atención a personas con discapacidad, especialmente de aquellas entidades que ofrecen servicios a las personas con mayores necesidades de apoyo, con altos ratios de personal, como es el caso de las entidades de ASPACE.

Los Centros y Servicios de Atención a la discapacidad, mayoritariamente gestionados por entidades del movimiento asociativo, entre ellas las del Movimiento ASPACE, se sostienen económicamente a través de la financiación pública (contratos, conciertos o subvenciones) ya que dan respuesta a necesidades cuya cobertura corresponde a las administraciones públicas, que delegan en las entidades, reconociendo de esta manera la necesaria colaboración entre la administración y el tejido asociativo para la prestación de servicios de atención sociosanitaria ante la carencia de recursos públicos.

Esta financiación ya es insuficiente para ofrecer una atención de calidad a las personas con mayores necesidades de apoyo, como las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, y además no es homogénea, variando sustancialmente en cada Comunidad Autónoma las condiciones de servicio, ratios exigibles, importe de los módulos de plazas, etc.

La especialización, intensidad y atención a la complejidad de los apoyos que requieren las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines, se traduce en la necesidad de un equipo multidisciplinar cualificado, con perfiles profesionales diversos, así como en altas ratios de atención directa. De hecho, el porcentaje de costes de personal de intervención directa estimados representa entre el 75% y el 88% del total del coste del servicio.

Las Administraciones Públicas deben apoyar a las entidades del sector para garantizar la continuidad de los servicios de atención a las personas con discapacidad en condiciones dignas y con la calidad que requieren, incrementando la financiación de los mismos. Aplicar el XV Convenio sin este apoyo tendrá como consecuencia procesos de reducción de personal y el deterioro de la calidad de los servicios.

Por este motivo, los sindicatos y patronales presentes en la mesa de negociación del Convenio han de involucrar en los procesos de negociación colectiva a las Administraciones Públicas y al resto de entidades del sector de la discapacidad, al objeto de crear un marco estable y digno en las relaciones laborales de los Centros y Servicios, contando con la participación de todos los actores relacionados, apostando por la transparencia y poniendo el foco en las necesidades de las personas atendidas y en su bienestar.

No hay mejor política social que ponerse en el lugar de las personas.

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